La mayor "calidad democrática" del nuevo Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares: régimen electoral, Consejo Consultivo y procedimiento de reforma

Abstract

La Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, de reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears (EAIB), ha derogado, de facto, el texto anterior, aprobando un nuevo Estatuto. Sus objetivos van en una doble dirección: por una parte, «avanzar» en el «autogobierno» de estas tierras y, por otra, profundizar en el «sistema democrático», al que califica literalmente de «valor supremo». En este trabajo hemos reflexionado sobre los pasos que ha dado el nuevo texto para incidir en el segundo de los objetivos indicados, esto es, en la mejora de la «calidad democrática» del sistema político instaurado en la Comunidad Autónoma balear. En concreto, y no de forma casual, nuestro análisis se ha centrado en tres cuestiones de capital importancia para lograr aquel «valor supremo» al que alude el Estatuto en su preámbulo. En primer lugar, el sistema electoral que se utilizará para que las preferencias políticas de los ciudadanos de Baleares, expresadas en votos, se transformen en escaños en el Parlamento autonómico, el cual es —sin duda—el corazón político de la Comunidad y fuente de donde emanan todos los demás poderes de la misma. En segundo lugar, la nueva configuración del Consejo Consultivo de las Illes Balears, ya que—en su doble dimensión del órgano de consulta y órgano de control—será un instrumento de auxilio a la Administración activa, para que —en su quehacer diario—no se aparte de los imperativos legales, y una garantía para los ciudadanos, que verán como los actos más importantes de aquélla son dictaminados de oficio por un órgano independiente y de reconocida preparación jurídica para corregir abusos, evitar errores o, más comúnmente, reparar actuaciones u omisiones que suponen una inadmisible pasividad o dejadez ante sus justos intereses o sus legítimas reclamaciones. Por último, en tercer lugar, hemos centrado nuestro análisis en el nuevo proceso de reforma del propio Estatuto de Autonomía, pues la filosofía de dicho proceso descubre claramente el concepto de autonomía que se quiere instaurar; en efecto, el procedimiento de reforma del Estatuto no es sólo un modus procedendi, sino también y prioritariamente una garantía para cada una de las Comunidades Autónomas frente a las hipotéticas tentaciones centralistas del Estado.