Nueva TRIBUNA CONSTITUCIONAL (Sobre proporcionalidad y garantismo en las decisiones judiciales)
La situación actual de México plantea importantes problemas a los estudiosos del Derecho Constitucional y la Política. El país tenido por ejemplo de estabilidad política en los años de la Guerra Fría y organizado sobre un partido como el PRI, que en la práctica operaba como única fuente de poder, se desmoronó en pocos años sin que nada ni nadie pareciera capaz de reemplazarlo, a pesar de algunos avances. El régimen de la revolución institucionalizada se vino abajo a finales del siglo XX, sin que las esperanzas de democracia electoral que se había levantado tras el gigantesco fraude de 1988 llegaran a consolidarse del todo y la nación entró en una deriva que destruyó mucho de lo existente sin llegar a colocar en su lugar una alternativa que fuese estable y respondiese a la confianza de la ciudadanía.
Aun cuando la Constitución sigue siendo formalmente la misma, ha sufrido múltiples reformas y, además, en los últimos cuarenta años se ha operado una gigantesca mutación en la vida mexicana que afecta tanto a la sociedad como al gobierno de la política. La sociedad mexicana, profundamente golpeada en su idiosincrasia por los fenómenos de la violencia que despojan a los ciudadanos de sus derechos teóricos, vive momentos de anomia colectiva en los que parecen haberse perdido los referentes que permiten la integración pacifica colectiva, mientras que la política carece de mecanismos susceptibles de generar pautas capaces de dirigir una acción coherente y se encuentra inmersa en un proceso de destrucción de lo público, cuya última expresión es la reforma constitucional destinada a establecer la elección popular del poder judicial.
La elección popular de los jueces, lejos de representar un intento de profundizar la democracia, es un paso más en el proceso de construcción simulativa del orden jurídico-constitucional, que desde el poder intenta limpiar ante la opinión lo que no es más que un burdo intento de dominar las disidencias y ampliar el botín a repartir entre una elite de gobierno que se enseñorea de lo que institucionalmente resta en un país aterrorizado por la delincuencia.
En semejante contexto de disrupción social y constitucional, desde círculos cercanos al poder se intentan presentar como elaboraciones doctrinales y racionales posiciones políticamente inconfesables y jurídicamente descabelladas, como es el caso de la que aquí comenta el profesor Juan Antonio García Amado y que permite a TRIBUNA CONSTITUCIONAL dirigir un ojo a la preocupante situación mexicana.
Eloy García.
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