https://revistas.uned.es/index.php/derechopolitico/issue/feed Revista de Derecho Político 2022-06-29T11:00:21+00:00 Carlos Vidal Prado cvidal@der.uned.es Open Journal Systems <table width="739"> <tbody> <tr> <td align="center" valign="top"> <p><img src="http://revistas.uned.es/index.php/derechopolitico/management/settings/context//public/site/images/cvidal/RDP_101.jpg" alt="" /></p> </td> <td width="5%"> </td> <td align="justify" valign="top"> <p><strong>The Revista de Derecho Político </strong> has been published every four months by the Department of Constitutional Law at the National University of Education at Distance (UNED; Spain) since 1978. With 114 issues published, the Journal specializes in Constitutional Law matters, along with issues related to Public Law, EU law, Constitutional history and Theory of the State.</p> <p>La <strong>Revista de Derecho Político </strong>se publica cuatrimestralmente por el Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) desde 1978. Con 114 números publicados, la Revista de Derecho Político publica trabajos de investigación originales sobre Derecho Constitucional, Derecho Público, Teoría del Estado e Historia del constitucionalismo.</p> <p>Los 3 primeros números de la Revista se publicaron bajo el nombre <strong>"Boletín Informativo del Departamento de Derecho Político"</strong>. A partir del número 4 se llamó <strong>"Revista del Departamento de Derecho Político"</strong>, hasta que en el número 8 (invierno de 1981) adoptó el nombre actual, de <strong>Revista de Derecho Político</strong>. Inicialmente, el responsable de la edición y publicación de la Revista era el Departamento de Derecho Político. Desde el número 22 (primavera 1986), en el que asume la dirección de la Revista Antonio Torres del Moral, el responsable pasó a ser el Departamento de Derecho Constitucional de la UNED.</p> </td> </tr> </tbody> </table> https://revistas.uned.es/index.php/derechopolitico/article/view/34140 Elección del Consejo General del Poder Judicial: un análisis panorámico 2022-06-28T17:49:02+00:00 David Ortega Gutiérrez david.ortega@urjc.es <p>Se realiza una investigación sobre la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial a dos niveles: 1. Internacional, comparándola con la postura de diferentes instituciones europeas como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Consejo de Europa, el Consejo Consultivo de jueces europeos, la Red europea de consejos del Poder Judicial, la Comisión de Venecia incluso el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea; 2. A nivel interno o nacional, analizando el posicionamiento del Tribunal Constitucional, los diferentes grupos parlamentarios, los profesionales de la justicia y la doctrina académica.</p> 2022-06-29T00:00:00+00:00 Derechos de autor 2022 https://revistas.uned.es/index.php/derechopolitico/article/view/34141 Las lenguas cooficiales en el aula, y su uso dentro del sistema educativo 2022-06-28T18:12:29+00:00 Mª. del Pilar Molero Martín-Salas mariapilar.molero@uclm.es <p>La diversidad lingüística es una gran riqueza cultural de nuestro Estado, es por ello que la Constitución, en el artículo 3, reconoce el castellano como lengua oficial en todo el territorio, y la posibilidad de que otras lenguas también puedan serlo; si así se dispone en su estatuto de autonomía. Se prevé un modelo cooficial que fomenta la convivencia de las diferentes lenguas, por lo que, para impulsar el uso y conocimiento de las lenguas regionales, y situarlas al mismo nivel que el castellano, se pone en marcha la normalización lingüística. Las diferentes lenguas oficiales regionales se incorporan a los sistemas educativos autonómicos, con el objetivo de alcanzar un bilingüismo que permita el uso simultaneo y el conocimiento correcto de ambas lenguas. Con el paso del tiempo este objetivo se ha cumplido, y poco a poco han ido aumentando el número de horas dedicadas al estudio de la lengua regional, si bien la dedicación e interés por el castellano se han resentido, y el contacto con la lengua común está siendo cada vez menor.<br>A ello se suman las dudas en cuanto al concepto de lengua vehicular en la enseñanza que, si bien en la anterior ley educativa se predicaba del castellano, la actual ley lo elimina de su contenido. A la espera de lo que resuelva el Tribunal Constitucional, hemos de recordar lo dicho en sentencias anteriores, considerando que ambas lenguas deben ser consideradas vehiculares en la enseñanza, y que ninguna se puede entender como preferente o propia; si ello supone un demérito para la otra. Resulta realmente incoherente hablar de lengua oficial de un Estado, común para todos sus ciudadanos, y que no se entienda como vehicular.<br>Así las cosas, el interés de los territorios por el fomento y uso de sus lenguas regionales parece haber ido más allá del equilibrio, de tal forma que las horas lectivas dedicadas al castellano son cada vez menos, y mayores los problemas de las familias para encontrar centros educativos cuya lengua vehicular sea la común. Buscar la proporción adecuada entre el fomento de la gran riqueza cultural que supone el poder dominar dos lenguas, y el hecho de que el conocimiento del castellano no se vea perjudicado, no está siendo una tarea fácil. La atención desproporcionada hacia las lenguas regionales, en detrimento de la lengua común, supone una clara afectación de numerosos valores implicados, y una clara limitación en el ejercicio de ciertos derechos. Son los poderes públicos los que están llamados a controlar y garantizar que realmente el sistema cooficial se aplique con respeto al espíritu con el que fue concebido.</p> 2022-06-29T00:00:00+00:00 Derechos de autor 2022 https://revistas.uned.es/index.php/derechopolitico/article/view/34142 Límites a la libertad de enseñanza y Ley Orgánica de Educación (LOMLOE). Un debate constitucional en permanente definición 2022-06-28T18:27:21+00:00 Mariano Vivancos Comes mariano.vivancos@uv.es <p>La reciente aprobación de la LOMLOE ha propiciado un intenso debate sobre su contenido y, muy significadamente, sobre aquellos aspectos del texto legislativo orgánico más controvertidos desde la perspectiva constitucional. Más allá de la controversia generada en torno a su singular tramitación, impulsada con suma celeridad durante la pandemia y fruto de un procedimiento legislativo técnicamente cuestionable, la crítica se ha focalizado en las novedades legales referidas a la educación concertada, el modelo pedagógico de escuela diferenciada o el recorte de la potestad directiva respecto de las titularidades privadas. El texto orgánico estatal sobredimensiona la vertiente prestacional del derecho a la educación a fuerza de limitar su intrínseco valor de libertad y nos desliza hacia un cuestionable modelo educativo estatalizante que no sólo se aparta del consenso constitucional sino que puede menoscabar seriamente el sistema de valores que fundamentan la UE. Reabriendo, en definitiva, un debate constitucional cuya resolución arrojará luz sobre aspectos determinantes del modelo educativo español, condenado a una inestabilidad crónica por un legislador estatal incapaz de forjar consensos perdurables en el tiempo.</p> 2022-06-29T00:00:00+00:00 Derechos de autor 2022 https://revistas.uned.es/index.php/derechopolitico/article/view/34143 Las carencias democráticas de los partidos políticos en España entre las exigencias constitucionales y una regulación legal deficiente. Una propuesta de lege ferenda 2022-06-28T19:02:58+00:00 Mikel Díez Sarasola mikel.dsarasola@ehu.eus <p>Los sistemas políticos contemporáneos propios de las democracias representativas liberales han venido categorizando a los partidos políticos como asociaciones. Esta configuración legal tiene la virtud de conferir una gran libertad a los diversos sectores y sensibilidades políticas de la sociedad a la hora de constituir partidos políticos, garantizando así que su organización y funcionamiento se desarrollen al margen de interferencias indebidas. Si bien esta libertad asociativa constituye una premisa fundamental en aquellos contextos históricos en los que se instaura una democracia liberal precedida por un régimen totalitario, su alcance y contenido deben ser matizados a la luz de los retos y de los problemas que plantean los partidos políticos en la nueva realidad política que vivimos, especialmente en España, y que se ha venido en denominar acertadamente como Estado de partidos. En efecto, los partidos políticos se han erigido en los intermediarios imprescindibles entre la soberanía popular y las instituciones del Estado, detentando cada vez mayores cotas de poder sin que ello parezca redundar, a la vista de las diversas encuestas realizadas a la ciudadanía, en un sistema político de mayor calidad democrática o en una mejor gestión del interés general. A este respecto, la Constitución española contempla un mandato claro y preciso acerca del necesario carácter democrático de la organización y funcionamiento de los partidos políticos; un mandato cuyo desarrollo pleno no ha sido más que parcialmente llevado a cabo por la Ley de partidos políticos vigente a día de hoy. En este sentido, llama la atención la tibieza del legislador a la hora de establecer los mecanismos y garantías necesarios que propicien unos partidos políticos cuyo funcionamiento y organización sean realmente democráticos a fin de cumplir adecuadamente las funciones constitucionalmente encomendadas. La tibieza observada no puede ampararse en el carácter asociativo de los partidos políticos ya que, tal y como ha dejado establecido el Tribunal Constitucional, las especiales y relevantes funciones asignadas a éstos dejan un amplio margen de intervención al legislador. Asimismo, la detallada y extensa regulación que el legislador realiza sobre el funcionamiento y organización de las sociedades mercantiles que deberían ser, por antonomasia, las entidades que presentaran un mayor margen de autoorganización para la gestión de sus intereses eminentemente privados, contrasta con la imprecisión y vaguedad de las normas que están llamadas a regular el carácter democrático de unas entidades que monopolizan el juego democrático y las grandes decisiones políticas en nuestras sociedades contemporáneas. Por todo ello, la reflexión reflejada en este artículo propone la eventual aplicación de algunas garantizas y previsiones normativas del ámbito de las sociedades de capital a la regulación de los partidos políticos. Por último, el artículo se hace eco de algunas de las normas de derecho comparado, en particular de la legislación alemana y portuguesa, a propósito de los partidos políticos que podrían resultar inspiradoras de una reforma de la norma española que se sugiere urgente y necesaria.</p> 2022-06-29T00:00:00+00:00 Derechos de autor 2022 https://revistas.uned.es/index.php/derechopolitico/article/view/34145 La protección a la infancia y la adolescencia desde un punto de vista competencial: evolución y límites tras la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio 2022-06-28T22:33:55+00:00 Borja Sánchez Barroso borjasanchezbarroso@gmail.com <p>La evolución histórica del concepto «menor de edad», que ha pasado de designar meros objetos de protección a auténticos sujetos de derechos y obligaciones, no ha tenido solamente un impacto sustantivo, sino también competencial. Las diferencias observadas entre la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor de 1996 y la reciente Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI) sacan a la luz retos novedosos para el deslinde de competencias estatales y autonómicas en materia de infancia y adolescencia, dentro del marco constitucional y estatutario existente. Más allá de la competencia sobre legislación civil, a la que se acogía tradicionalmente el Estado, y la competencia en materia de asistencia social, asumida por las Comunidades Autónomas, el desarrollo de la LOPIVI obliga a interpretar nuevos títulos competenciales en relación con esta materia. Alguno de ellos guarda relación con la interpretación del concepto de legislación básica en diversos ámbitos (educativo, sanitario, administrativo, etc.). Otros, los más relevantes, con el alcance de las condiciones básicas contempladas en el art. 149.1.1.ª CE. En todos estos casos, la LOPIVI ofrece certezas, pero también algunas dudas, sobre su posible cobertura competencial. Tras analizarlas en profundidad, valoraremos la solución política alcanzada para resolverlas (al menos de forma provisional) y formularemos propuestas de interpretación futura para deslindar con mayor precisión las competencias estatales y autonómicas en materia de protección de infancia y adolescencia.</p> 2022-06-29T00:00:00+00:00 Derechos de autor 2022 https://revistas.uned.es/index.php/derechopolitico/article/view/34146 La prohibición de discriminación directa por razón de sexo en la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo 2022-06-28T22:47:06+00:00 Miguel Agudo Zamora miguelagudo@uco.es <p>Este trabajo trata la doctrina emanada de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que ha consagrado la prohibición de discriminación directa por razón de sexo.<br>Se estudian en primer lugar aquellos casos de discriminación directa que han afectado a las mujeres, en ámbitos tales como el laboral y el de los beneficios sociales o las prácticas médicas. Continúa el trabajo con un apartado dedicado a la violencia de género.<br>Posteriormente se analizan aquellos otros en los que el perjudicado ha sido el hombre en ámbitos tales como los beneficios relacionados con la tenencia de hijos, la pensión de viudedad, la prestación de servicios o las penas de prisión y el régimen penitenciario.<br>Y la conclusión principal a la que se llega en este trabajo es que, sin poner en duda la importante labor que contra la desigualdad y la discriminación directa por razón de sexo ha desarrollado el Tribunal de Estrasburgo, en ocasiones los enfoques jurisprudenciales e incluso los importantes hallazgos interpretativos del Tribunal se han visto empañados también por estereotipos de género.<br>Este trabajo ha sido realizado en el marco del Proyecto de Investigación RTI2018-100669-B-100 «GEN-DER: Generando una interpretación del Derecho en clave de igualdad de género», enmarcado en el Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad - Ministerio de Ciencia e Innovación (2019-2021).</p> 2022-06-29T00:00:00+00:00 Derechos de autor 2022 https://revistas.uned.es/index.php/derechopolitico/article/view/34149 ¿El control de racionalidad procedimental como forma de deferencia? Proceso y contenido en la jurisprudencia reciente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 2022-06-29T08:27:07+00:00 Marisa Iglesias Vila marisa.iglesias@upf.edu <p>Este trabajo examina el giro procedimental que está dando la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos tras las demandas de que Estrasburgo ejerza su función jurisdiccional desde un principio más robusto de subsidiariedad. Una vez caracterizadas las diversas dinámicas del control de racionalidad procedimental, se distinguen dos concepciones del principio de subsidiariedad, la estatista y la cooperativa, y se mantiene que son las exigencias de subsidiariedad cooperativa las que debemos usar para juzgar si el giro procedimental supone una buena noticia para los derechos humanos en Europa. Se defiende que el control procedimental puede contribuir a la legitimidad y eficacia del sistema del Convenio Europeo de Derechos Humanos siempre que sirva para fiscalizar el cumplimiento de tres responsabilidades cooperativas de los estados: imparcialidad, cultura de la justificación y perspectiva convencional. También se aportan algunas consideraciones sistémicas para concluir que la revisión procedimental debería ocupar un lugar complementario en la aplicación del Convenio.</p> 2022-06-29T00:00:00+00:00 Derechos de autor 2022 https://revistas.uned.es/index.php/derechopolitico/article/view/34150 Identidad nacional y valores de la Unión Europea: límites a una interpretación extensiva del artículo 4.2 TUE 2022-06-29T08:33:26+00:00 Pablo Cruz Mantilla de los Ríos pablo.cruz@upf.edu <p>La identidad nacional es una categoría jurídica del Derecho de la Unión Europea que está siendo objeto de una controvertida interpretación en clave soberanista por parte de algunos líderes políticos, así como por ciertos Tribunales Constitucionales nacionales en los últimos años. Asistimos a una reciente corriente jurisprudencial en consonancia con el auge de movimientos políticos de impronta autocrática y populista que defienden un modelo de democracia iliberal en nuestro continente, particularmente en Hungría y Polonia. Así pues, se sostiene una concepción extensiva de la identidad nacional que pretende articularse como un mecanismo de resistencia nacional de carácter absoluto e imponderable frente a la acción del Derecho de Unión. En estas circunstancias, este artículo aspira a analizar críticamente esta jurisprudencia nacional, que presenta serias dudas de compatibilidad con una interpretación histórica, literal y sistemática de los Tratados y, especialmente, con los valores de la Unión Europea. A estos efectos, se abordará un estudio de los orígenes y de la evolución histórica de esta disposición, una categorización de la noción de identidad nacional, un análisis jurisprudencial nacional y supranacional, y el concepto de identidad europea con el propósito de poner en tela de juicio la desviada construcción jurisprudencial auspiciada por algunos Tribunales Constitucionales nacionales de Europa del este.</p> 2022-06-29T00:00:00+00:00 Derechos de autor 2022 https://revistas.uned.es/index.php/derechopolitico/article/view/34151 La refundación del Estado en Chile 2022-06-29T08:39:57+00:00 Álvaro Soto Carmona alvaro.soto@uam.es <p>Las transiciones a la democracia desde gobiernos autoritarios implican una ruptura al pasar de un Estado con Derecho a un Estado de Derecho. No obstante, no todos los procesos son rupturistas, pueden ser reformistas y ello se produce cuando el personal designado en la época no democrática sigue ocupando los «aparatos del Estado». Esta situación se vivió en Chile. El inicio de la transición se dio en el plebiscito del 5 de octubre de 1988, en el cual los ciudadanos rechazaron el proyecto político de la dictadura y, posteriormente, con la victoria de la Concertación por la Democracia en las elecciones de 1989, que implicó el apoyo a las tesis rupturistas. Sin embargo, se había pactado una reforma constitucional parcial, y los dirigentes de la Concertación, tanto democristianos, como socialistas, paralizaron todo tipo de movilización y optaron por poner en marcha políticas reformistas.<br>El comportamiento de la Concertación durante las presidencias de Aylwin y Frei Ruiz Tagle, democristianos, y de Lagos y Bachelet, socialistas, produjo cambios indudables en un sentido democratizador, desmantelando los «enclaves autoritarios», dando lugar a políticas sobre el pasado (Informe Rettig e Informes Valech), mejorando las relaciones con las Fuerzas Armadas, en suma, buscando la «normalización democrática». Pero a la vez se mostró incapaz de crear el Estado del Bienestar, de hacer frente a las desigualdades sociales, contribuyendo a la desregulación de la economía. El Estado abandonaba toda función social. Su resultado fue la creciente desconfianza de los jóvenes hacia sus gobernantes, la cada vez mayor toma de conciencia de las mujeres de su discriminación en la sociedad, y la incapacidad para hacer frente al tema indígena. Jóvenes, mujeres e indígenas se sintieron olvidados y esperaron su oportunidad para a través de vías democráticas apostar por la refundación del Estado, es decir, llevar a cabo la ruptura no realizada durante la transición.<br>Las movilizaciones ocurridas entre octubre de 2019 y marzo del 2020 expresaban el rechazo a las desigualdades económicas, las bajas pensiones o el mal funcionamiento del sistema de salud. Pero también, y de forma muy contundente, el hartazgo a la clase política. El inmovilismo de la estructura política de la transición contribuyó a colapsar el modelo.</p> <p>Jóvenes estudiantes, mujeres e indígenas protagonizaban una protesta multitudinaria que, unidas a las desafortunadas declaraciones iniciales del presidente Piñera y a su respuesta represiva, lograrían romper el régimen político formalizado desde la transición, obligando a poner en marcha la refundación del Estado. El presidente de la República, desbordado, rectificaba ofreciendo cambios profundos, salvaguardando la institucionalidad. Todo, sin embargo, parecía parcial, insuficiente y limitado ante una movilización permanente, respaldada por la ciudanía y con un Palacio de La Moneda cuya legitimidad estaba por los suelos. El 15 de noviembre, un acuerdo transversal entre Gobierno y Congreso, firmado por la mayoría de los partidos con representación parlamentaria, decidió la convocatoria de un plebiscito nacional para definir si se redactaría una nueva Constitución y qué mecanismo serían utilizado.<br>El plebiscito nacional celebrado el 25 de octubre de 2020 tuvo una participación de algo más del 50 por ciento. El 78,3 por ciento quería una «nueva Constitución Política», y de ellos el 79 por ciento, deseaba que se elaborase por una «Convención Constitucional», no organizada por los miembros del Parlamento. El siguiente paso, la elección de sus miembros, confirmó la ruptura política respecto a 1990.<br>En mayo de 2021 se celebró la elección de los 155 integrantes de la Convención. La participación fue muy baja. Los partidos que habían gobernado desde 1990, obtuvieron por parte de la derecha 37 miembros y del centroizquierda 25. Por separado no alcanzaron el tercio necesario (52) para aprobar cualquier propuesta. Los grandes triunfadores fueron la izquierda del partido socialista, 28 escaños, y los independientes, 48. Estos últimos («Lista del Pueblo») vinculados a las movilizaciones de protesta iniciadas en 2019. Por último, los «pueblos originarios» tienen asignados 17 escaños.<br>El fracaso de los partidos tradicionales (democristianos y socialistas) o gobernantes de derecha (UDI o Renovación Nacional) fue evidente, poniendo de manifiesto el clamor popular contra los que hasta entonces habían ejercido el gobierno. En el mismo sentido han sido los resultados de las elecciones presidenciales.</p> 2022-06-29T00:00:00+00:00 Derechos de autor 2022 https://revistas.uned.es/index.php/derechopolitico/article/view/34152 El Acta Constitucional número 2 de 11 de septiembre de 1976 y la limitación del poder del general Pinochet a la luz de la doctrina de la constitución histórica 2022-06-29T08:53:17+00:00 Eric Eduardo Palma epalmag@derecho.uchile.cl Francisco Zúñiga Urbina fzuniga@derecho.uchile.cl <p>El artículo se inserta en los estudios acerca de la dictadura cívico militar chilena y la caracterización del ejercicio del poder por parte del General Pinochet como limitado. Sostenemos que la tesis de las limitaciones cuenta también con una explicación construida desde el punto de vista histórico jurídico: se pueden entender como un caso de proyección de la doctrina indiana del buen gobierno. Estudiaremos el fenómeno en el contexto de la aprobación del Acta Constitucional número 2 de 1976 para sostener que el fenómeno de la limitación es comprensible a la luz de la tesis de la constitución<br>histórica (que prescinde de la doctrina del constitucionalismo clásico).</p> 2022-06-29T00:00:00+00:00 Derechos de autor 2022 https://revistas.uned.es/index.php/derechopolitico/article/view/34153 ¿Se pueden garantizar los derechos sociales? Una propuesta para la nueva Constitución chilena 2022-06-29T09:05:07+00:00 José Ignacio Martínez Estay jimartinez@uandes.cl Marcela Inés Peredo Rojas mperedo@uandes.cl Rodrigo Andrés Poyanco Bugueño rpoyanco@uft.cl <p>En el marco del proceso constituyente chileno, y ante las ideas que proponen reemplazar la actual Carta fundamental por una que considere un principio de Estado social o la justiciabilidad reforzada de los derechos sociales, el propósito del presente artículo es explicar los limites dogmáticos que encuentra la justiciabilidad de esta clase de prerrogativas y porqué una mejora de este tipo sólo podría traducirse en una mejora relativa en la exigibilidad de las prestaciones respectivas. En este marco, una mejora que respete al mismo tiempo las competencias y responsabilidades de las autoridades, los límites de la labor jurisdiccional y las características técnicas de los derechos sociales, podría consistir en la inclusión de un organismo colegiado y consultivo que, tal como en otros países, permita considerar estas demandas de forma oportuna al interior del proceso legislativo, lo que junto con respetar la necesidad de que las políticas sociales tengan un origen democrático, ayudaría a que la labor de adjudicación del juez se centre en la interpretación propiamente jurídica de las disposiciones constitucionales pertinentes.</p> 2022-06-29T00:00:00+00:00 Derechos de autor 2022 https://revistas.uned.es/index.php/derechopolitico/article/view/34155 Multiculturalismo y pueblos indígenas: análisis de los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relativos a territorios indígenas 2022-06-29T10:16:59+00:00 Natalia Cárdenas Marín nataliacardenasmarin@gmail.com Liz Vallejos Roa ldvallejosroa@gmail.com <p>Hace ya dos décadas, tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante CIDH) como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) han conocido de reportes y denuncias sobre las violaciones de derechos que recaen de manera sistemática sobre las personas indígenas y sus comunidades. Sin embargo, siendo el territorio indígena el elemento que más dificultades ha encontrado por parte de la sociedad occidental para su reconocimiento, los estándares internacionales al respecto se han desarrollado de manera paulatina y fraccionada. A la vez, estos estándares han sido acompañados de la elaboración de conceptualizaciones fragmentadas, las cuales dificultan aún más la construcción de un entramado normativo y jurisprudencial coherente y comprensivo de las situaciones de violencia y menoscabo que recaen sobre los pueblos indígenas y los territorios a los cuales pertenecen.<br>Ahora bien, en América Latina se observa el impulso de políticas multiculturalistas respecto a la existencia de estos sujetos colectivos, aceptando de manera limitada los derechos ya reconocidos y establecidos en el plano internacional. Estas políticas no logran abarcar de manera acabada la verdadera necesidad de los pueblos indígenas, que se basa en el pleno ejercicio de sus derechos mediante la libre autodeterminación. De esta forma, queda expresada que la necesidad de un Estado pluralista e intercultural que tenga como objetivo generar las condiciones necesarias para el desarrollo de los diversos sistemas de vida de los pueblos indígenas, incluye como base la protección, propiedad y cuidado del territorio, así como la comprensión, reconocimiento y diálogo entre la cultura occidental y las culturas de los pueblos indígenas.<br>El objetivo de este trabajo consiste en indagar los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de territorio indígena, analizando sus alcances y limitaciones. En este sentido, nos centraremos en la jurisprudencia de la Corte IDH, ya que, al ser el órgano de carácter jurisdiccional regional y última instancia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ha sido el encargado de fijar el contenido y alcance de las obligaciones de los Estados, determinando la responsabilidad internacional y la subsiguiente reparación que nace del incumplimiento de dichas obligaciones. Asimismo, las sentencias que emanan del Tribunal adquieren el carácter de cumplimiento obligatorio, de tal manera que los preceptos establecidos por la Corte en su función contenciosa guían las actuaciones de los Estados, quienes deben cesar las vulneraciones de derechos, adaptar sus legislaciones internas y reparar a las comunidades indígenas. Para lo anterior, se analizará el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas bajo el paradigma del multiculturalismo. Posteriormente se revisarán los atributos comunes que los pueblos indígenas en América Latina le han otorgado a la noción de territorio, para finalmente analizar la jurisprudencia de la Corte IDH al respecto.<br>Finalmente, se concluye que el reconocimiento de la propiedad colectiva de los pueblos indígenas por parte de la jurisprudencia interamericana constituye un avance significativo para su protección y defensa. Sin embargo, los resultados evidencian que la falta de estudio y comprensión basados en la complejidad del significado, tanto físico como simbólico, del territorio indígena, y el ejercicio de las políticas multiculturales nacionales, producen que se continúen omitiendo elementos indispensables de la constitución de los pueblos indígenas, como la autonomía o el autogobierno.</p> 2022-06-29T00:00:00+00:00 Derechos de autor 2022 https://revistas.uned.es/index.php/derechopolitico/article/view/34156 Enmienda democrática de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Una propuesta de participación de la ciudadanía 2022-06-29T10:27:41+00:00 Armando Salas Cruz salasarmando302@gmail.com <p>La Convención Americana sobre Derechos Humanos contempla el procedimiento para ser reformada. Más allá del intento fallido de 1993, el instrumento fundamental de la región en materia de derechos humanos nunca ha sido enmendado desde su entrada en vigor hace más de cuarenta años (1978). Este escenario, con sus posibles razones y consecuencias, es el que se esboza en el presente trabajo, con el propósito de replantear la interpretación del art. 76 convencional y sugerir la necesidad de la participación ciudadana en la construcción de las futuras enmiendas. La perspectiva adoptada se centra en la forma de la enmienda, de su legitimidad democrática, desde una postura que entiende que la base de la evolución general del sistema interamericano, y evolución específica del mecanismo de protección, es la reforma del texto convencional. La reforma reglamentaria, utilizada hasta ahora como técnica de cambio, es complementaria e insuficiente por sí sola.</p> 2022-06-29T00:00:00+00:00 Derechos de autor 2022