Repensando la Administración Pública. Un estudio desde una óptica teórico constitucional

Resumen

Somos de la idea que el estudio de la Administración Pública se ha realizado siempre desde una perspectiva exclusiva del Estado de Derecho y de sus clásicos principios, incluso hasta nuestros días, olvidando la función social que también recae en ella. Este contexto ha llevado a que la revisión del actuar administrativo se lea con un “código” que ya no existe en puridad pues es un secreto a voces que la actuación administrativa ha cambiado. El Estado y su brazo ejecutor, la Administración Pública, han pasado de ser una especie de “vigilantes nocturnos” (en palabras de Garrorena) para transformarse en el más pleno garante “ex ante” de la procura existencial. En ese orden de ideas, somos de la idea que el Estado sigue siendo un Estado de Derecho, pero también un Estado Social, lo cual exige un cambio en su perspectiva de estudio. En América latina las exigencias que se le hacen al Estado parten desde un entendimiento burocrático de su actuar que redunda en una ineficiencia e ineficacia estatal y en una especie de decepción por parte del ciudadano que lo lleva incluso a optar por la informalidad y rechazar la ayuda pública. En ese sentido, creemos que el ejemplo europeo y las reflexiones que en los últimos dos siglos han llevado a cabo, en especial, la doctrina española y alemana, pueden ser de utilidad para demandar un replanteamiento de la actuación administrativa en Latinoamérica, acorde con un Estado Social de Derecho. Por tanto, la presente investigación parte de un estudio doctrinal del denominado Estado Social y de las exigencias que surgen para la Administración Pública; para luego plantear un ajuste de los principios clásicos que rigen la actuación administrativa: el principio de legalidad, de reserva de ley y de discrecionalidad administrativa. Se parte de un contexto actual, el Estado Social de Derecho y se exige una revisión del actuar administrativo, el cual, creemos se ha quedado estancado en las teorías clásicas. Asimismo, de un entendimiento de la actual Administración Pública como una Administración Prestadora que, sostenemos es la actual garante de los derechos fundamentales de los ciudadanos en el Estado Social Derecho. En ese sentido, postulamos la idea que ajustando el actuar de la Administración a las propias exigencias del principio de discrecionalidad administrativa, se permitirá alcanzar materialmente una adecuada atención y protección del ciudadano a través de una prestación personalizada. Lo cual, exige un acercamiento entre Administración y ciudadano, siempre en respeto y garantía de sus derechos fundamentales.