El juicio político en la Constitución paraguaya y la destitución del presidente Fernando Lugo

Resumen

El juicio político que tuvo lugar los días 21 y 22 de junio de 2012 en Paraguay, por el que fue separado del cargo el Presidente Fernando Lugo, estuvo marcado por la rapidez y la celeridad, lo que supuso una supresión del pleno ejercicio del derecho de defensa por parte del Presidente al haber sido destituido en tan solo 24 horas. En consecuencia, el debate suscitado reside en determinar si el juicio político es un verdadero juicio o proceso, si debe quedar amparado por el resto de garantías constitucionales como el derecho de defensa y el debido proceso, o si, por el contrario, al tratarse de una cuestión política, no debe estar revestido de dichas garantías pudiendo la Cámara de Senadores enjuiciar al Presidente de la República disponiendo libremente los plazos y demás solemnidades en cada caso concreto y sin que haya necesidad de acreditar las acusaciones que se formulan. Para dirimir la cuestión, en el presente artículo se analiza la figura del juicio político tal y como está regulada en la Constitución paraguaya y sus antecedentes, aportando algunos datos de Derecho comparado —en concreto la regulación del juicio político en Argentina— y las opiniones de la doctrina constitucionalista paraguaya sobre el contenido, naturaleza y alcance del juicio político. Se establecen previamente las nociones básicas acerca de la responsabilidad política y de los mecanismos de control en los sistemas parlamentarios y presidencialistas, resaltando sus diferencias esenciales, para posteriormente analizar, de forma pormenorizada, cada una de las fases del juicio político que terminó con la destitución de Lugo. También se estudian los medios de impugnación contra el juicio político en el ordenamiento paraguayo, analizando detenidamente las resoluciones de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia dictadas en las dos acciones de inconstitucionalidad que el Presidente interpuso: una contra el reglamento que se dictó ex profeso para enjuiciarle, en la que se denunciaba vulneración de la prohibición de lex praevia, derecho de defensa y debido proceso; y otra contra la resolución de la Cámara de Senadores (sentencia) que le condenó por mal desempeño de funciones y le separó del cargo como Jefe de Estado y Jefe de Gobierno, en la que se invocaron los mismos motivos constitucionales de fondo. Finalmente, se concluye con unas reflexiones sobre la naturaleza jurídica del juicio político y, en concreto, sobre la constitucionalidad, validez y legitimidad del juicio político al que fue sometido el Presidente, concluyendo que no fue un juicio político en su verdadero significado constitucional y que pudo verse alterada la libertad política al destituir anticipadamente a un presidente democráticamente elegido, aunque el proceso es plenamente válido y legítimo por cuanto que el control de constitucionalidad ejercido por la Corte Suprema de Justicia ha confirmado su correcto anclaje constitucional.

The impeachment that took place in Paraguay on June 21st and 22nd, 2012, led to the removal from office of President Fernando Lugo. It was marked by its speed and swiftness and resulted in the suppression of the due process of law and the President’s right of defense because of his dismissal within only 24 hours. Consequently, the current debate is to determine if the impeachment was a real trial or proceeding, with the required protection of constitutional guarantees, or whether on the contrary, the impeachment was political and should not be covered with such guarantees, allowing the Senate to prosecute the President, establishing timeframes and procedures for each case, without rightly accrediting the accusations that were formulated. To resolve the question, this article analyzes the issue of impeachment as established in the Paraguayan Constitution and its antecedents, providing data of comparative law that regulates impeachment in Argentina, and the opinions of Paraguayan constitutional doctrine about the content, nature and scope of impeachment. Basic notions about political responsibility, and control mechanisms in parliamentary and presidential systems are established, highlighting their essential differences, used later to analyze in detail each of the phases of impeachment that ended with the removal of Fernando Lugo. This article also discusses the solutions against impeachment in the Paraguayan system, carefully analyzing the two decisions of unconstitutionality made by the Constitutional Chamber of the Supreme Court: one against the regulation that was issued ex profeso prosecute the president, in which he denounced violation of the prohibition of lex praevia, right to defense and due process of the law; and the other against the decision of the Senate that condemned him for malfeasance and removed him as Head of State and Head of Government, in which the same constitutional elements were invoked. Finally, the article concludes with reflections on the legal nature of impeachment and, in particular, on the constitutionality, validity and legitimacy of the impeachment of the President, concluding that it was not an impeachment in the true constitutional sense, and the political liberty could have been altered by the early removal of a democratically elected president, even though the process was evidently valid and legitimate, confirmed as such by the Supreme Court of Justice.