Cuestiones sobre el derecho al trabajo derivadas de la reforma laboral de 2012: perspectiva constitucional

Resumen

La reforma laboral de 2012 ha suscitado importantes cuestiones acerca del régimen jurídico del derecho al trabajo. Así, en este artículo se sostiene que la introducción de una modalidad contractual que concede al empresario la potestad de resolver libremente el contrato laboral durante el primer año supone, ya sea concebido este plazo como periodo de prueba o como medio para el fomento de un empleo estable, una vulneración del derecho del trabajador a la estabilidad en el empleo, reconocido como manifestación del art. 35 CE por el Tribunal Constitucional. También se analiza desde una perspectiva constitucional el régimen jurídico del despido improcedente, que consideramos incoherente con la condición del derecho al trabajo como derecho fundamental. Finalmente, sostenemos que la configuración legal dada a las causas del despido colectivo no puede llegar a impedir su control judicial desde la perspectiva del principio de proporcionalidad, ya que este se presenta como una exigencia derivada del propio derecho al trabajo y del derecho a la tutela judicial efectiva.

The 2012 labour reform has raised important questions regarding regulation of the right to work. This paper proposes that the employer’s right to terminate a contract in support of entrepreneurs during its first year, interpreted either as a probationary period or as a measure for the promotion of stable employment, violates the constitutional right of every worker to stability in employment (Article 35 of the Constitution). Furthermore, regulation of unfair dismissal is analyzed from a constitutional perspective to reach the conclusion that it is incompatible with the constitutional right to work. Finally, it is argued that the regulation of the causes of collective dismissal cannot prevent the Constitutional Court from reviewing whether the principle of proportionality has been observed, since this is a requirement arising from the constitutional rights to work and to an effective judicial protection.