La inaprehensible ciudadanía social europea

Resumen

Este trabajo trata de verificar si es posible hablar de la existencia de una ciudadanía social europea, construida en este nivel. La creación de la Unión Económica y Monetaria llevó aparejada la creación de una incipiente ciudadanía europea, basada fundamentalmente en la libertad de circulación y residencia, pero no se introdujeron contenidos sociales en ésta. Los problemas de legitimación del proyecto europeo, evidenciados en el proceso de ratificación del fracasado Tratado constitucional, sitúan en primer plano del debate el «modelo social europeo» y vinculado a éste el problema de la ciudadanía social europea, sus contenidos y su definición. En realidad, la cuestión de la posibilidad de su afirmación. La ciudadanía social europea exige que sus derechos se determinen desde este nivel, con estándares propios que se impongan a los Estados. Desde esta perspectiva, el constitucionalismo multinivel no sirve como esquema para la construcción conceptual de la ciudadanía social. No lo es porque el ordenamiento europeo se confronta con los sistemas de welfare estatales, desnaturalizándolos. Esta relación contradictoria entre sistemas de protección social e integración económica europea obliga a definir, o negar en caso contrario, la ciudadanía social desde el nivel europeo como requisito de su afirmación. Sin embargo, tanto de los Tratados, como de la jurisprudencia comunitaria, no emergen contenidos capaces de afirmar la ciudadanía social. Los Derechos sociales, corazón de ésta, siguen ausentes del ordenamiento comunitario. El TJCE tampoco ha realizado una función de suplencia similar a la realizada en la tutela de los Derechos fundamentales de libertad. En este contexto, el llamado «modelo social europeo » ha operado efectos sustitutorios de una ciudadanía social nunca afirmada aunque, paradójicamente este modelo expulsa a la ciudadanía social del ámbito comunitario. La ciudadanía social europea es, de esta forma, una realidad inexistente. Lo es porque el modelo de Constitución económica impide el reconocimiento de unos Derechos sociales que puedan equilibrar a la integración negativa europea.