La tutela judicial efectiva y la liquidación concursal encomendada al consorcio de compensación de seguros : límites constitucionales

Resumen

Aunque en nuestro derecho positivo vigente existen dos vías para el caso de insolvencia de una entidad aseguradora, una judicial y otra administrativa, ésta última constituye el procedimiento común de liquidación. Se encomienda a un organismo público cuando concurra alguna de las causas que establece la Ley, dentro de las cuales se incluye un supuesto indeterminado consistente en que la Administración entienda que «concurren circunstancias que así lo aconsejen». Pero la iniciación del procedimiento administrativo afecta a los procesos judiciales de ejecución que estuvieren pendientes contra el patrimonio de la entidad aseguradora, produciendo su suspensión. En el presente trabajo se analiza si la falta de una enumeración taxativa de causas supone un ámbito de discrecionalidad para el órgano administrativo supervisor que puede chocar con las garantías jurisdiccionales que se exigen por nuestra Ley Fundamental. Aunque la Administración debe actuar con imparcialidad ex art. 103 de la CE, lo cierto es que, según nuestra Ley Fundamental, la independencia del funcionario no es garantía suficiente para el desarrollo de actividades jurisdiccionales, puesto que éste no goza de inamovilidad judicial, ni de todo el conjunto de incapacidades, incompatibilidades y prohibiciones que configuran el binomio independencia-responsabilidad en el que se desenvuelve la actividad del Juez.