Las observaciones generales del comité PIDESC en la jurisprudencia de la Corte Suprema chilena sobre derechos sociales. Comentario crítico
DOI:
https://doi.org/10.5944/rdp.124.2025.46897Palabras clave:
Observaciones Generales, Comité, PIDESC, derechos sociales, soft lawResumen
El Comité PIDESC emite Observaciones Generales interpretativas del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que son consideradas como soft law del derecho internacional de los derechos sociales. Aunque el Comité emite guías para la justiciabilidad de derechos sociales, también avanza en la creación de políticas de cumplimiento de estos e, incluso, en el reconocimiento de derechos no explícitos en el Pacto. Dichas Observaciones Generales están siendo profusamente utilizadas en la jurisprudencia constitucional latinoamericana en materia de derechos sociales y ahora, también, en Chile. En el periodo 2015-2022, la Corte Suprema de Chile ha citado a estos documentos en seis sentencias, en cinco de las cuales dicha cita le permitió reconocer o crear derechos prestacionales no reconocidos en la Constitución Política o en las leyes nacionales que regulan las prestaciones sociales en los ámbitos respectivos. Es así como, basándose en la Observación General Nro. 15, dicho tribunal reconoció un “derecho al agua” directamente justiciable, una innovación no presente en la Constitución chilena; y, basándose en la Observación General Nro. 12, respaldó la financiación de una cirugía de reasignación de género, imponiendo así un beneficio de salud inexistente en los planes de salud obligatorios aplicables al caso. Considerando la doctrina relativa a la naturaleza de los derechos sociales, su protección nacional e internacional y el valor jurídico del soft law, examinaremos la jurisprudencia de la Corte Suprema sobre la materia y advertiremos algunos de los problemas derivados del uso de las Observaciones Generales de la forma expuesta. Concluiremos que resulta cuestionable el uso en el derecho interno de este tipo de instrumentos internacionales para generar beneficios sociales, dada la naturaleza del soft law —en particular, su origen como interpretación no autentica del PIDESC, y su carácter no vinculante a nivel internacional—, el probable sesgo activista del Comité internacional antes referido, y, desde un punto de vista dogmático, la naturaleza de los derechos sociales, que impone que su desarrollo dependa de decisiones de políticas adoptadas por las autoridades político-representativas. Teniendo en cuesta esa naturaleza, y puesto que las competencias de los jueces y el valor del propio derecho internacional de los derechos humanos en Chile están regulados por la Constitución, la imposición directa en nuestro país, por sentencia judicial, de políticas sociales o nuevos derechos socioeconómicos creados o sugeridos por organismos internacionales desafía la identidad constitucional chilena, su diseño subsidiario y la separación de poderes.
El presente artículo es el resultado de las investigaciones realizadas en el marco del Proyecto FONDECYT de Iniciación en Investigación 2023 nro. 11231058, “Perspectivas de la aplicación de las Observaciones Generales del Comité del PIDESC en materia de derecho a la salud”, financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile (ANID). El autor agradece a esta agencia su apoyo al proyecto.
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