Cuestiones constitucionales sobre las acciones de filiación no matrimonial y la corona

Resumen

El presente estudio pretende ofrecer un análisis de las cuestiones constitucionales que se han planteado con ocasión de las recientes resoluciones del Tribunal Supremo sobre las demandas de filiación presentadas frente a Don Juan Carlos I de Borbón. El foco de atención jurídico-constitucional se dirige sobre estas decisiones por cuanto la dimensión del asunto afecta a derechos fundamentales constitucionalmente consagrados y pone de relieve la concepción de la posición jurídica del titular de la Jefatura del Estado en asuntos concernientes a su ámbito privado o familiar. Se trata pues de examinar y valorar de forma crítica las últimas resoluciones del Tribunal supremo en materia de filiación con el fin de analizar desde un punto de vista constitucional su alcance sobre la institución de la inviolabilidad regia y los derechos y fines constitucionales directamente implicados, esto es, la investigación de la paternidad (artículo 39.2 CE) el principio y derecho fundamental de igualdad (artículos 9.2 y 14 CE), y el derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de acceso a la jurisdicción (artículo 24 CE).

This paper aims to provide an analysis of constitutional issues raised during the recent Supreme Court decisions on a paternity action versus Don Juan Carlos I of Borbon. The focus of legal and constitutional attention is focused on these decisions because the case concerns fundamental rights guaranteed by the Constitution. It also emphasizes the concept of the legal position of the owner of the Head of State in matters concerning their private or family. It is therefore to examine and critically evaluate this recent Supreme Court decisions in order to analyze the scope of the institution of the inviolability and constitutional rights directly involved. In particular, they will be analyzed the determination of paternity (Article 39.2 of Spanish Constitution) the principle and fundamental right of equality (Articles 9.2 and 14 of Spanish Constitution), and the right to an effective judicial protection in regard to access to jurisdiction (Article 24 of Spanish Constitution).