Privilegios procesales inconstitucionales e innecesarios en la España democrática del siglo XXI: el sorprendente mantenimiento de la institución del aforamiento
DOI:
https://doi.org/10.5944/trc.38.2016.18603Palabras clave:
criminal procedure, procedural privileges, parliamentarians, venue, proceso penal, privilegios procesales, diputados y senadores, aforamientosResumen
España contempla una medida de inmunidad adicional para altas autoridades, funcionarios y cargos públicos consistente en el conocimiento por un tribunal superior al ordinario legal de las causas contra ellos en caso de haber cometido delito, llamada aforamiento, que es prácticamente inexistente en el mundo jurídico occidental al que nuestro país pertenece. Además, su extensión es vergonzosa, pues están aforadas más de 250.000 autoridades, funcionarios y cargos públicos, lo que la hace indefendible ante el ciudadano normal. Es además inconstitucional, por las razones que explicamos en el texto, ya que representa un privilegio vulnerador del principio de igualdad. En este artículo se propone su drástica reducción, dejando aforadas como máximo a dos figuras constitucionales, el Jefe del Estado y el Jefe del Gobierno, para lo que evidentemente hay que reformar la Constitución.
Spain contemplates an additional measure of immunity for high authorities, civil servants and public officers, which consists on being tried by a court that is superior to the legal ordinary one, in case that they have committed a felony. This figure, known as «aforamiento», is practically inexistent in the western legal culture to which our country belongs. Furthermore, its extension is shameful, since more than 250.000 high authorities, civil servants and public officers benefit from this privilege, making it indefensible before normal citizens. It is also unconstitutional for the reasons we explain in this paper, because it represents a privilege that is contrary to the principle of equality before the law. This study proposes a drastic reduction, maintaining the privilege for a maximum of two constitutional figures, the head of state and the head of government, a purpose that evidently requires a constitutional reform.
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