La llamada Ley Mordaza: la ley orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana

Resumen

En este artículo se analiza el proceso de elaboración de la nueva LOPSC y los aspectos más relevantes y polémicos de su contenido. El Anteproyecto, aprobado por el Gobierno a finales de 2013, era un texto inspirado en una concepción muy discutible de la seguridad ciudadana y salpicado de preceptos que no tenían encaje constitucional. Y suscitó por ello un rechazo casi unánime. Las observaciones críticas del CGPJ, del Consejo de Estado y de otros organismos e instituciones obligaron al Gobierno a revisar y depurar a fondo su articulado. El texto finalmente aprobado incorpora algunas novedades positivas, como la regulación de la diligencia de identificación, pero incluye algunas previsiones cuya constitucionalidad es más que dudosa. Dos de ellas revisten una especial gravedad: la que sanciona el uso no autorizado de imágenes o datos de los miembros de las Fuerzas de Seguridad y la Disposición Final que prevé un régimen especial en materia de expulsión en las fronteras de Ceuta y Melilla, para dar cobertura legal a las «devoluciones en caliente».

The drafting process of the new LOPSC and its most relevant and controversial issues are analysed in this article. The draft bill, passed by the Government at the end of year 2013, was a text inspired by a very arguable understanding of public safety and sprinkled with several unconstitutionalities. And it was thus almost unanimously rejected. The critical remarks of the CGPJ, the Council of State, and other institutions forced the Government to revise and change the text. The final bill includes some positive developments, such as the regulation of the identification procedure, but it still contains some constitutionally doubtful provisions. Two of them are particularly serious: the one that sanctions the non authorized use of images and data of the Security Forces members and the Final Provision that provides for a special regulation of inmigrant expulsions in the borders of Ceuta and Melilla, giving legal coverage to the ‘summary deportations’.