Límites a las facultades revisoras de las sentencias absolutorias en apelación y casación: principio de inmediación y derecho de defensa
Palabras clave:
proceso penal, revisión de la prueba, inmediación, derecho a un proceso con todas las garantías, derecho de defensa, recurso de apelación, recurso de casación, criminal procedure, review of evidence, immediacy, right of a process with all safeguards, right to defense, appeal, cassation(annulment),Resumen
Las facultades revisoras de las sentencias absolutorias tanto en apelación, como en casación se han visto prácticamente anuladas a raíz de la última jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, seguida por nuestro Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo, según la cual, cuando en la apelación y también en la casación se planteen cuestiones de hecho de las que dependa la condena o absolución del acusado, el derecho a un proceso con todas las garantías y el derecho de defensa exigen, respectivamente, la celebración de una audiencia en la que se realice el examen directo y personal de las personas cuya declaración va a ser objeto de nueva valoración, así como oír al acusado, trámites procesales que no están contemplados en la actual regulación legal, razón por la cual se hace necesaria una reforma urgente de nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal.
It is now practically impossible to revise the acquittal sentences both in the appeal and in the cassation (annulment) procedural stages due to the last decisions issued by the European Court of Human Rights. Such jurisprudence, followed both by the Spanish Supreme and Constitutional Courts, requires that whenever a question of fact, upon which the conviction or the acquittal of the defendant depends on, is raised on appeal or on cassation some requirements have to be met in order to protect the right of a process with all safeguards and the right to defense. These requirements imply the need of a new hearing so that a direct and personal exam of the person’s declarations can be carried out in order to be once again assessed. Moreover, the defendant should be heard again. However, none of these procedures are foreseen in the current Spanish legislation and therefore the reform of the Spanish Criminal Procedure Law has become an urgent need.
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