Las sentencias del Tribunal Constitucional en los casos Bildu y Sortu y el fin de ciclo de la Ley Orgánica de Partidos Políticos: propuestas de reforma

Resumen

Diez años de vigencia de la Ley Orgánica de Partidos Políticos (LOPP) han permitido acumular una amplia experiencia derivada de su aplicación. A lo largo de estos años, nos hemos encontrado con una variedad de estrategias fraudulentas por parte del ETA y su brazo político con el fin de estar presentes en las instituciones democráticas. A continuación se aborda el estudio de algunas de las cuestiones más importantes suscitadas alrededor de la aplicación de la LOPP. Con el caso Sortu podemos estar asistiendo al fin de ciclo de la LOPP. La Ley fue concebida para ilegalizar a aquellas formaciones políticas que apoyaban al terrorismo. Ha cumplido su cometido. Así parece entenderlo el propio Tribunal Constitucional que en la sentencia 138/2012, de 20 de junio, marca una hoja de ruta a este partido político para que en el futuro no sea ilegalizado. El Estado de Derecho ha de posibilitar que los que antes apoyaban a los terroristas puedan rectificar y puedan defender su proyecto por vías democráticas. Ha llegado el momento de reformar la Ley en aspectos tales como las previsiones relativas a la democracia interna de los partidos o la descripción de actividades racistas y xenófobas, inexistentes en la redacción actual, que pueden llevar a la ilegalización de un partido político.

Ten years of the Political Parties ACT 2002 (LOPP) enforcement have allowed the Courts to accumulate a vast experience of its application. Throughout these years, we have encountered several number of fraudulent strategies by the ETA and its political wing, in order to be present into democratic institutions. This paper tries to summarise the most important issues raised by the LOPP and its application during this years. Probably, the recent Sortu judgment supposes LOPP’s end of cycle. The LOPP was designed to outlaw political groups that supported terrorism. It has already fulfilled its mission. At least, it seems the Constitutional Court opinion in its STC 138/2012, judgment which describes a roadmap to Sortu in order to avoid being outlawed again in the future. The rule of law is to enable that those who previously supported terrorists can rectify, and defend their political project through democratic means. It is time to reform the LOPP in areas such as the regulation of the internal democracy into parties, or the inclusion of racist and xenophobic activities as a cause for being outlawed.