Defensor del Pueblo y justicia constitucional : entre la declaración de intenciones y el exceso competencial

Resumen

El Defensor del Pueblo español ha sido concebido como órgano de garantía de los derechos fundamentales reconocidos en el Título I de la Constitución, para lo que podrá controlar la actividad de las administraciones públicas españolas, dando cuenta de su actividad a las Cortes Generales. Más allá de esas facultades, comunes a la mayoría de las instituciones del mismo tipo, la Constitución española le atribuye la facultad de interponer los recursos de amparo y de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. El presente trabajo pretende centrar su atención en esas atribuciones, realizando una valoración crítica de las mismas a partir de otras experiencias constitucionales; del análisis de los motivos que justificaron la atribución de esas facultades a nuestro Defensor del Pueblo; de la configuración constitucional y legal de las mismas; y del uso que de ellas ha hecho el Defensor del Pueblo español.