La prueba ilícita por violación de Derechos Fundamentales y sus excepciones
DOI:
https://doi.org/10.5944/rduned.11.2012.11128Palabras clave:
secreto de las comunicaciones, derechos fundamentales, prueba ilícita, excepciones a la ilicitud de la prueba, secrecy of communications, fundamental rigth, illegal evidence, exceptions to the illegality of the evidence,Resumen
En este artículo se pretende hacer un breve estudio de la ilicitud de la prueba y de las consecuencias jurídicas que ello conlleva, así como de las excepciones a dicha ilicitud. La sentencia del Tribunal Constitucional 114/1984, de 29 de noviembre, introdujo en nuestro sistema legal la prohibición de utilizar pruebas obtenidas vulnerando derechos fundamentales. Consecuencia de esta sentencia fue el artículo 11.1 Ley Orgánica del Poder Judicial que prohíbe expresamente la valoración de dichas pruebas, que puedan surtir efectos en el proceso y sirvan para basar en ellas una sentencia condenatoria. No obstante esta regla de exclusión de la prueba ilícita, el riesgo de admitir una prueba obtenida habiéndose vulnerado derechos fundamentales está presente en nuestro proceso a través de las cada vez más frecuentes excepciones, apreciadas por los Tribunales, tanto por el Tribunal Supremo como por el Tribunal Constitucional, que permiten que una prueba ilícitamente obtenida, se llegue a valorarse para que determinados delitos no queden impunes.
This repot is a brief study of the illegality of the evidence and its legal consequences, as well as the exceptions to that illegality. The sentence of the Constitutional Court 114/1984, 29th November, introduced in our legal system the prohibition on using evidence obtained violating fundamental rights. According to that sentence Article 11.1 LOPJ prohibit expressly assessment of such evidence that can have an impact on the process and serve them to base a conviction. However this rule of exclusion of illegal evidence, the risk of admitting obtained evidence having violated fundamental rights is present in our laws, through increasingly frequent exceptions, appreciated by both the Spreme Court and the Constitutional Court, which allow that an illegally obtained evidence, could be valuable for certain crimes not to go unpunished.