El marco comunitario para la recuperación y resolución de entidades de crédito

Resumen

La reciente crisis financiera en la UE ha puesto de relieve que existe una importante carencia de herramientas adecuadas en los Estados miembros y a nivel de la Unión para gestionar entidades de crédito en dificultades. Durante la crisis algunos Estados miembros se vieron con frecuencia obligados a rescatar bancos utilizando fondos públicos. Después de un largo debate sobre cómo afrontar esta problemática, la Comisión Europea ha aprobado una Propuesta de Directiva por la que se establece un marco para la recuperación y resolución de entidades de crédito que tiene por finalidad la de proporcionar un marco efectivo a nivel de la Unión para gestionar las crisis bancarias. El nuevo marco establece un régimen que dota a las autoridades con herramientas para intervenir de manera efectiva y puntual en una entidad de crédito en dificultades. En particular, el instrumento de recapitalización o bail-in está concebido como una poderosa medida de resolución que permite atribuir pérdidas a accionistas y acreedores, minimizando de esta manera el recurso a fondos públicos. Esta nueva herramienta suscita varios problemas legales, especialmente en relación con el tratamiento justo e igual entre acreedores. El presente artículo centra su atención en el análisis legal de los principios básicos y disposiciones de la Propuesta de la Comisión.

The recent financial crisis in the EU has shown that there is a significant lack of adequate tools in the Member States and at Union level to deal with distressed credit institutions. During the crisis, some Member States were too often forced to save banks using public funds. After a long debate on how to best deal with these issues, the EU Commission has approved a Proposal for a Directive establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions, which aims to provide an effective framework at Union Level for dealing with banking crises. The new framework establishes a regime that provides authorities with tools to intervene in an effective and timely manner in a distressed credit institution. In particular, bail-in is designed as a powerful resolution tool for allocating losses to shareholders and creditors, thus minimizing the recourse to public funds. This new tool raises several legal issues, especially that of the fair and equal treatment of creditors. This article focuses its attention on the legal analysis of the basic principles and provisions of the Commission’s Proposal.