El recurso previo de inconstitucionalidad según la Ley Orgánica 12/2015: un regreso esperado, una reforma insuficiente - Alegre Martínez, Miguel Ángel (Revista de Derecho Político, 2016)
Resumen Este trabajo gira en torno a la Ley Orgánica 12/2015 de 22 de septiembre, que recupera la figura del recurso previo de inconstitucionalidad para los Estatutos de Autonomía y sus reformas. Dicha Ley encuentra sus antecedentes más cercanos en las dos iniciativas parlamentarias presentadas en 2014 por los grupos popular y socialista (que finalmente pactarían su contenido) y su precedente más remoto en la anterior regulación del recurso previo por la Ley Orgánica 2/1979 de 3 de octubre, con la que también guarda gran similitud, fundamentalmente en cuanto a legitimación, momento de interponer el recurso, o tramitación del mismo. La comparación entre estas cuatro versiones del recurso previo se lleva a cabo primeramente desde una óptica más descriptiva, dejando paso después a un enfoque más crítico sobre el contenido de la LO 12/2015 y algunos de los problemas que plantea, tanto por el contenido de la reforma que reintroduce el recurso previo (legitimación, plazo para dictar sentencia, coexistencia con el control sucesivo), como por todo lo que en ella se echa de menos (extensión del recurso previo a las leyes orgánicas y otras normas). Las reformas estatutarias emprendidas en España a partir de 2006 reabrieron el debate sobre el recurso previo (que hasta su supresión en 1985 era posible para los Estatutos de Autonomía y las demás Leyes Orgánicas) y la necesidad de su recuperación. La LO 12/2015 cubre solo parcialmente las expectativas, puesto que introduce un recurso previo reducido y escasamente renovado, limitando su objeto a los Estatutos de Autonomía y sus reformas, y no extendiéndolo a las demás leyes orgánicas, las reformas constitucionales y otras normas, respecto de las cuales presentaría importantes ventajas frente al control sucesivo. Cualquier solución que se adopte para controlar la constitucionalidad de las leyes es mejorable. Una de las vías para fortalecer el modelo español sería la previsión de un control de constitucionalidad previo y obligatorio para determinados tipos normativos. En este sentido, se plantean en el artículo propuestas que podrían servir para mantener abierto el debate de cara a eventuales reformas futuras. Abstract This paper analyzes the Organic Law 12/2015 of 22 September, that recovers the figure of prior appeal of unconstitutionality with regard to Statutes of Autonomy and its amendments. Such law finds its immediate antecedents in two parliamentary initiatives presented in 2014 by them Popular and Socialist groups (that finally agreed to its content) and its preceding more remote in the previous regulation of prior appeal by the Organic Law 2/1979 of 3 October, with which also keeps great similarity, fundamentally with regard to legitimation, time of interposing the resource, or its procedure. The comparison among these four versions of the previous resource is first conducted from a perspective more descriptive, then giving way to an approach more critical about the content of the Organic Law 12/2015, and some of raised problems, both by the content of the reform which re-introduces the previous resource (legitimation, deadline for ruling, coexistence with the successive control), as by all what in it is check of less (extension of the previous resource to organic laws and another rules). The amendments of statutes of autonomy undertaken in Spain since 2006, reopened the debate on prior appeal of unconstitutionality (which, until its suppression in 1985 was possible for them statutes of autonomy and them other organic laws) and the need of its recovery. The Organic Law 12/2015 covers only partially the expectative, because it introduces a reduced and shortly renovated prior appeal, limiting its object to the statutes of autonomy and its amendments, and not extending it to other organic laws, constitutional reforms and other rules, which would provide significant advantages in comparison with successive control. Any solution adopted for controlling the constitutionality of laws is improvable. One of the ways to strengthen the Spanish model would be the introduction of a previous, preceptive and obligatory control of constitutionality for certain normative rules. In this sense, the article raises proposals that could be used to keep open the debate, face to any future reforms.