La proyectada reforma de la acción popular y el Estado de Derecho
DOI:
https://doi.org/10.5944/rdp.125.2026.48169Palabras clave:
Acción popular, Estado de Derecho, independencia del Ministerio Fiscal, intereses generalesResumen
Se analiza en qué medida la “Proposición de Ley Orgánica de garantía y protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas” (febrero de 2025) desvirtúa la acción popular y qué consecuencias tiene en el control del ejercicio del poder, un aspecto fundamental para la adecuada garantía del Estado de Derecho. La jurisprudencia del TS y del TC, así como las sucesivas propuestas legislativas de reforma del proceso penal, han venido limitando el ejercicio de la acción popular, sin llegar a desvirtuar esta institución. El trabajo trata de responder a la cuestión de si la actual Proposición de ley llega o no a desvirtuar la institución. A la luz de los informes de la Comisión Europea y del Consejo
de Europa (a través de la Comisión de Venecia, en su Informe sobre el Estado de Derecho de 24 de febrero de 2025), que advierten a España de la necesidad de garantizar una mayor independencia del Ministerio Fiscal y de incluir mecanismos para la prevención del abuso de poder y facilitar el acceso a la justicia de los ciudadanos, se argumenta la necesidad de no limitar el ejercicio de la acción popular, si no se reforma al mismo tiempo el Ministerio Fiscal. Ahora bien, ni el histórico arraigo de la acusación popular ni su singularidad en Derecho comparado hacen aconsejable prima facie considerarla parte integrante de la identidad constitucional española.
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