Alcance del artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos en relación con la detención de un menor extranjero no acompañado. La obligación positiva de no dejarle en desamparo - López Ulla, Juan Manuel (Teoría y Realidad Constitucional, 2013)
La Unión Europea y el Consejo de Europa han recordado recientemente la obligación que tienen sus Estados miembros de mejorar el sistema de garantías respecto de los menores extranjeros no acompañados. En este trabajo nos centramos en los derechos del menor detenido. Nos anima a ello la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Rahimi c. Grecia (2011), que por vez primera califica como trato inhumano o degradante no asistir a un menor cuando, dictada la orden de expulsión, éste sale del Centro de internamiento. Al mismo tiempo, en el último trienio, las dos organizaciones anteriormente citadas han reconocido abiertamente el incumplimiento que en la práctica se observa de las obligaciones que se derivan del Convenio de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y la necesidad de articular un procedimiento marco que garantice los derechos de este grupo especialmente vulnerable cuando son detenidos a causa de la irregularidad de su situación administrativa. The European Union and the Council of Europe have reminded its Member States that it is necessary to improve the protection of unaccopanied foreing minors. In particular, we are going to study in this paper the rights of detainees. Concerning this matter, we consider of a remarkable interest the rule of the European Court of Human Rights in Rahimi v. Greece (2011): it has been the first time that the Court has considered as a violation of Article 3 of the European Convention on Human Rights (ECHR) when an unaccompanied minor is neglected by national authorities after being released without any kind of protection from a detention center. At the same time, the documents that in this paper we have studied —approved from 2010 to 2012— explicitly recognize that in Europe have not yet been adopted the measures required to protect effectively the rights recognized in the UN Convention on the Rights of the Child (1989), and that it necessary to promote the adoption of procedures to safeguard the administrative and judicial protection of these children.