La supervisión como conjunto variable de potestades: una nueva frontera del derecho administrativo - Linde Paniagua, Enrique (Revista de Derecho de la Unión Europea, 2015)
Las transformaciones del Derecho administrativo, en el marco de la política económica y financiera de la Unión Europea, tienen su origen en la crisis económico-financiera iniciada en 2008, que puso de evidencia que la desregulación del sector financiero, que tiene lugar en la Unión Europea desde finales de los años 80 del siglo XX, es incompatible con la estabilidad financiera, con la confianza en el sistema financiero y con la protección de los consumidores europeos. Las autoridades de supervisión se caracterizan por la atribución a las mismas por el ordenamiento jurídico de la Unión de un conjunto complejo y variable de potestades administrativas, entre las que destacan las potestades discrecionales de naturaleza preventiva. La atribución de potestades discrecionales de naturaleza preventiva, y en particular las dificultades para controlar los hechos determinantes de la actuación de dichas potestades, son difícilmente compatibles con la concepción del principio de legalidad, al no proporcionar el ordenamiento jurídico de la Unión parámetros efectivos de control de los mismos al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Las entidades financieras de la Unión han mutado su naturaleza como consecuencia de la sumisión de las mismas a las autoridades de supervisión dotadas de un complejo sistema de competencias, hasta el punto de que se puede decir que son entidades tuteladas por las autoridades de supervisión, que soportan grandes limitaciones en lo relativo a la autonomía de la voluntad que caracteriza a las entidades privadas en el contexto de la Unión Europea. Debe tenerse en cuenta que las autoridades de supervisión, en particular el Banco Central Europeo, no están sujetas a controles democráticos (tan solo tienen ciertas obligaciones de información a las Instituciones de la Unión), sino tan solo al control jurisdiccional del TJUE (art. 61 del Reglamento 1093/2010). Se han concebido como personas jurídicas con un alto nivel de autonomía orgánica y funcional (art. 42, 46, 49 y 52 del Reglamento 1093/2010) y en sus reglamentos no se prevé, como sería razonable, la rendición de cuentas ante el Consejo, la Comisión Europea o el Parlamento Europeo. Y la proliferación este tipo de personas jurídicas independientes comienza a ser un problema dentro de la Unión que debiera enfrentarse. Transformations of administrative law in the context of economic and financial policy of the European Union, are rooted in the economic and financial crisis that began in 2008, which put in evidence that deregulation of the financial sector, which takes place in the Union European since the late 80s of XX century, is inconsistent with financial stability, with confidence in the financial system and the protection of European consumers. Supervisory authorities are characterized by attributing to them by the legal system of the Union of a complex and variable administrative powers, among which the discretionary powers of preventive nature stand out. The allocation of discretionary powers of preventive nature, and in particular the difficulties in controlling the determining factors of the performance of such powers, are hardly compatible with the conception of the rule of law, by failing to provide effective control of the legal system parameters Union thereof to the Court of Justice of the European Union. Financial institutions of the Union have mutated their nature as a result of the submission of the same to the authorities equipped monitoring a complex system of skills to the point that you can say that entities are supervised by the supervisory authorities, which support major limitations regarding the autonomy that characterizes private entities in the context of the European Union. It should be noted that the supervisory authorities, including the European Central Bank, are not subject to democratic controls (only have certain reporting requirements on the institutions of the Union), but only to judicial review by the ECJ (Art. 61 of Regulation 1093/2010). They are intended as legal persons with a high level of organizational and functional autonomy (art. 42, 46, 49 and 52 of Regulation 1093/2010) and its regulations are not expected, as would be reasonable, accountability to the Board of European Commission or the European Parliament. And the proliferation of such independent legal entities is becoming a problem within the EU may have to face.