La segunda instancia civil tras la entrada en vigor de la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal - Iglesias Machado, Salvador (Revista de Derecho de la UNED (RDUNED), 2011)
La nueva Ley 37/2011, de 10 de octubre, opera importantes modificaciones en la LEC-2000, tanto en su parte general como en la especial. El trabajo que presentamos se limita a analizar exclusivamente aquellos aspectos de la reforma que inciden en el recurso de apelación civil, que ahora se ve modificado en cuanto a las resoluciones recurribles y en cuanto al procedimiento. La nueva Ley justifica las medidas, que denomina de «agilización procesal», en el uso abusivo de la segunda instancia y en la necesidad de suprimir trámites innecesarios. Un destacado sector de la doctrina científica se ha mostrado crítico con la Ley al considerar que la limitación del recurso de apelación en los juicios verbales por razón de la cuantía es contraria al principio de igualdad que consagra el artículo 14 de la CE. Se considera que el derecho a los recursos en materia civil debe encuadrarse en el derecho constitucional a un proceso con todas las garantías, más que en el derecho a la tutela judicial efectiva. The new 37/2011 Law, dated 30th October, brings about important modifications to the LEC-2000, to both its general and special parts. The paper we are presenting is restricted exclusively to analyze those aspects of the reform which impinge upon civil appeals, now modified with regards to appealable decisions and procedures. The new law justifies those measures referred to as «procedural expedition » on the excessive use of the second instance and in the need to remove unnecessary formalities. A prominent sector of scientific opinion has been critical of the law, in the belief that limiting the right of appeal in verbal court cases on the grounds of quantity is contrary to the principle of equality established under Article 14 of the Spanish Constitution. It considered the rights of appeal in civil matters should be classified under the constitutional right to fully guaranteed proceedings rather than on the right to judicial protection.